La Junta trasladará los juzgados de Viapol si no llega a un acuerdo "razonable" sobre la cuantía del alquiler

5 de Febrero de 2010

La Consejería de Justicia y Administración Pública trasladará los juzgados que posee en el edificio Viapol de Sevilla si no llega a un acuerdo económico "razonable" con la inmobiliaria que le alquila las dependencias sobre la cuantía del arrendamiento.
La consejera del ramo, Begoña Álvarez, quiso dejar claro que no va a cerrar los juzgados, que constituyen "un servicio público de primera necesidad para los ciudadanos", por lo que mantendrá los juzgados allí "hasta que no se decida donde se puede prestar el servicio con todas las garantías". "El servicio público estará garantizado", aseveró.
Precisó que la nueva ubicación de los juzgados de Viapol no se ha decidido todavía "a la espera de conseguir un acuerdo razonable y si no lo hubiera, ya decidiremos, pero tenemos los teléfonos abiertos todos los días".
No obstante, advirtió de que si la Junta no llega a un acuerdo económico con Viapol, desalojará los organismos judiciales que allí se ubican "en el momento en que se disponga de espacio".
Según informó hoy el diario 'ABC', la Consejería de Justicia ha sido denunciada en los juzgados por la propietaria del edificio Viapol en el que se ubican buena parte de sus sedes judiciales, toda vez que el pasado día 26 se presentó en los juzgados de Sevilla una demanda por impago del arrendamiento del citado edificio.
La consejera explicó que en esa zona el alquiler estaba en 13 euros por metro cuadrado "y con la crisis, los alquileres están bajando", por lo que, según agregó, cuando se planteó la renovación del contrato de alquiler "nos lo quisieron subir a 18 euros por metro cuadrado".
"La Junta está gestionando el dinero de los andaluces, no es el dinero de Begoña Álvarez o del presidente del Gobierno andaluz, no se trata de que quiera pagar más alquiler o menos", aseveró la consejera, quien agregó que en aquel momento la Junta propuso una bajada del alquiler o una negociación "dentro de unos términos razonables", a la que, según apuntó Álvarez, "se opuso en todo momento la inmobiliaria".
Por ello, la consejera recordó que la Junta "tiene la responsabilidad de gestionar el dinero público y está intentando evitar que se pueda especular con un alquiler por el hecho de que se crea que no vamos a poder movernos de allí".
La consejera reiteró en ese punto que los juzgados "se moverán si es necesario, porque no vamos a comprometer el dinero público por encima de cifras razonables".
Álvarez, quien indicó que en ese caso la Junta deberá buscar otras salidas, aunque no especificó qué otras ubicaciones se pueden plantear, apuntó que la deuda con la empresa por el impago de los alquileres "no está cuantificada, aunque es muy pequeña porque han pasado pocos meses desde que se empezó a hablar de la renovación".
"El problema no es pagar sí o no esa cantidad, que ahora no se puede abonar por cuestiones administrativas de resolución de contratos, pero cuando se decida si vamos a seguir o no en esos locales, pagaremos la deuda y trasladaremos los juzgados", añadió Álvarez.
La consejera quiso dejar claro que la Junta está "abierta a la negociación, esperando a que se llegue a un acuerdo, pero si éste no llega, nos trasladaremos y pagaremos la parte que corresponda".
BUENA IMAGEN DE LA JUNTA
Álvarez consideró que con esta actitud, la Junta ofrece una "buena imagen", ya que "defiende el dinero público de los andaluces frente a una subida del alquiler por encima de lo razonable".
En cuanto a la actitud de la empresa, la consejera precisó que la inmobiliaria "está en su derecho de decidir el precio de algo que es suyo, pero la administración debe conciliar los intereses, pues está gestionando dinero público y hay que tener especial cuidado, mientras que en los alquileres privados cada uno decide".